Enrique López: Los jueces hemos demostrado que no nos tiembla el pulso con el poder
Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional, ha publicado 'El Estado del Estado' (Editorial Deusto), una obra que recopila sus reflexiones tras más de dos décadas como columnista. En el libro, López advierte sobre el deterioro institucional por la polarización y defiende la independencia judicial frente al acoso político.
El magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López ha publicado 'El Estado del Estado', una obra editada por Deusto en la que recopila sus reflexiones sobre el estado actual de las instituciones españolas, la polarización política y la necesidad de recuperar la moderación como valor fundamental. La publicación, que se presenta como el colofón a su trayectoria de más de veinte años escribiendo semanalmente para LA RAZÓN, advierte sobre los riesgos de sacrificar principios constitucionales por intereses partidistas y defiende la resistencia del poder judicial frente a presiones externas.
López, nacido en Cacabelos en 1963, estructura el libro como un análisis conceptual de España como proyecto común. Según explica el autor, el texto implica determinar dónde se encuentra el país, qué factores lo han llevado a su situación actual y cuál es la vía más adecuada para alcanzar una España más justa, fuerte y unida. El magistrado sostiene que, aunque España cuenta con buenas instituciones, estas deben fortalecerse devolviéndolas a su estado natural y permitiendo que cumplan la función para la que fueron creadas por imposición constitucional y sentido común.
Una de las preocupaciones centrales del libro es la eliminación de la presión partidista. López distingue entre la voluntad legítima del partido en el poder para trasladar su programa a la actividad pública y el intento de patrimonializar las instituciones. Critica que, en los últimos años, se haya eliminado cualquier atisbo de independencia, generando un clima donde el gobierno no puede actuar en contra de quienes no lo apoyaron, lo que considera una causa directa de la polarización.
El magistrado aborda también el concepto de justicia social, definiéndolo como un valor supremo de la Constitución junto con la igualdad, la libertad y el pluralismo político. Rechaza la idea de que la justicia social sea privativa de opciones políticas progresistas y argumenta que la mejor herramienta para lograrla es la correcta aplicación del IVA, el IRPF y el Impuesto de Sociedades, sumado a una gestión responsable de los fondos públicos por parte del Gobierno. Subraya que las personas deben tener oportunidades de desarrollo en igualdad, pero a través del esfuerzo y la responsabilidad personal, no mediante la obtención pasiva de recursos del Estado.
Sobre la unidad nacional, López reconoce la riqueza cultural e histórica de España y sus diversas idiosincrasias. Sin embargo, insiste en la necesidad de recrear un proyecto común que una a la inmensa mayoría, comparando la nación con una familia donde los miembros tienen proyectos diferentes pero requieren un eje que los aúne para disfrutar de la unidad.
El libro también contiene una crítica directa a la forma de gobernar del último ejecutivo. López afirma que algunos actores políticos han estado dispuestos a sacrificar instituciones, principios y la propia Constitución por mantenerse en el poder, satisfaciendo las pretensiones de fuerzas políticas externas al pacto constitucional. Cita como ejemplo inadecuado que formaciones como EH Bildu tomen decisiones que afectan a todos los españoles, señalando un deterioro de la institucionalidad.
A pesar de estas críticas, López defiende que el poder judicial ha demostrado su fortaleza. "Los jueces hemos demostrado que no nos tiembla el pulso con el poder", afirma. El magistrado destaca que el brazo armado de la Policía Judicial y los altos funcionarios han funcionado muy bien, manteniendo una sensación de institucionalidad a pesar de la polarización. Sin embargo, advierte sobre la necesidad de mejorar la imagen de organización del país, citando casos como el de la alta velocidad como ejemplos de deterioro del servicio público que requieren políticos capaces de resolver conflictos.
Un punto crucial del libro es el análisis del acoso sufrido por la judicatura. López reconoce que se han cruzado líneas rojas, una afirmación respaldada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), su presidenta y una mayoría de vocales. Describe situaciones que nunca debieron ocurrir en un país democrático, donde las resoluciones judiciales son criticadas no bajo un principio de respeto y responsabilidad técnica, sino mediante insultos y atribución de fines espurios.
El magistrado cita específicamente el caso de la jueza Beatriz Biedma, quien está bajo investigación y protección especial, como una excepción grave a la tranquilidad general. Sin embargo, señala que lo más grave ha sido el acoso mediático sufrido por compañeros por parte del poder ejecutivo. Recuerda que, aunque en el pasado tuvo escolta debido a amenazas de asesinato, la situación actual es distinta, pero no permite situaciones de zozobra en los jueces por el mero hecho de llevar ciertos asuntos.
López también aborda sentencias como la del "caso Koldo", explicando su función preventiva. Las sentencias penales cumplen una prevención especial para que el castigado no reincida y una prevención general para que la sociedad vea las graves consecuencias del Código Penal. Espera que esto genere la sensación de que "el que la hace, la paga", aplicándose a todos por igual. Considera que estas sentencias contribuyen a reducir la corrupción pública, un fenómeno grave que desvía recursos ciudadanos hacia fines no atribuidos.
Ante la pregunta de si España está camino de ser un Estado fallido, López responde con firmeza que existe una hiperbolización del problema. Admite que hay un abuso en las instituciones que genera esa imagen de desorganización, pero niega que el país sea fallido. Subraya que España tiene personas, ciudadanos respetuosos y exigentes, y que será un mejor país si se invierte y lucha diariamente por mantener la alta prestación de los servicios públicos.
Para fortalecer los pilares del Estado, López propone creer en la Constitución, que considera mejorable pero vigente, y defender sus principios como guía de la actividad política. Aboga por fortalecer la independencia judicial y la separación de poderes, garantizando que cualquier ciudadano pueda lidiar con un conflicto en igualdad de condiciones, incluso frente a un poderoso. También insiste en la necesidad de generar instrumentos normativos para adaptarse a cambios globales en tecnologías, inteligencia artificial y energía, así como un gran pacto de política internacional para ofrecer seguridad a los socios europeos.
Finalmente, el magistrado aboga por volver a poner de moda la moderación en un panorama polarizado. Considera que la moderación y la contención deben ser actitudes básicas en la actividad política. Critica que, hasta ahora, los menos moderados han sido la oposición para convencer al gobierno, pero insiste en que gobernar no puede hacerse en contra de quienes no apoyaron al ejecutivo. La política debe hacerse para todos, no solo para los propios, y es esa búsqueda constante de la diferencia lo que genera la polarización. Espera que los ciudadanos apuesten en mayoría por opciones políticas que primen el diálogo y la moderación.
E.Klein--LiLuX